Pedrito tenía once años cuando escuchó en las noticias una frase que no entendió del todo, pero que le bastó para asustarse: “Aquí vamos a pagar todos el servicio militar”.

No preguntó nada. Cerró el cuaderno, tomó el bolso del colegio y salió a buscar a su abuela. En su casa esa frase no sonaba a discurso de plaza pública. Sonaba a bota, a uniforme, a ausencia. Su padre había sido soldado profesional y volvió de la guerra con una pierna menos.

Por eso la reacción del niño, aunque ingenua, no era absurda. Tal vez Pedrito entendió mal. Tal vez el político hablaba en sentido figurado. Tal vez quería decir que todos debemos sacrificarnos por el país. Pero entonces la pregunta queda servida:

¿Todos quiénes?

¿Todos los colombianos? ¿Todos los jóvenes? ¿Solo los hombres? ¿También las mujeres? ¿Los padres de familia? ¿Las víctimas del conflicto? ¿Los objetores de conciencia? ¿Las personas con discapacidad? ¿Los mayores? ¿Los que ya pusieron el cuerpo? ¿Los que nunca han puesto nada?

En política, la palabra “todos” suele sonar noble. En derecho, en cambio, exige precisión. Porque cuando el Estado dice “todos”, alguien debe preguntar quiénes quedan realmente incluidos, quiénes quedan por fuera y sobre quién termina cayendo, en la práctica, el peso de la patria.

El debate no es menor. En Colombia, además, no partimos de cero. El servicio militar obligatorio no tendría que ser “puesto”, porque ya existe en nuestro ordenamiento. Los hombres deben definir su situación militar, existen causales de exoneración, existe la objeción de conciencia y hoy también se habla de alternativas civiles, como el Servicio Social para la Paz. De modo que la pregunta seria no es si alguien va a inventar el servicio militar obligatorio, sino qué pretende hacer con el que ya existe.

¿Endurecerlo? ¿Universalizarlo? ¿Reducir exenciones? ¿Debilitar alternativas civiles? ¿Aumentar cupos de incorporación? ¿Extenderlo a mujeres? ¿Convertirlo en símbolo de disciplina nacional? ¿O simplemente usarlo como frase de campaña para transmitir autoridad?

Porque una cosa es fortalecer la defensa nacional y otra muy distinta es militarizar la discusión pública cada vez que el país siente miedo. Todo Estado necesita Fuerza Pública. Sería ingenuo negarlo. Colombia tiene problemas reales de seguridad, grupos armados, economías ilegales, fronteras complejas y territorios donde la institucionalidad llega tarde o no llega. Pero precisamente por eso la conversación debe ser seria. La seguridad no puede reducirse a una consigna de tarima.

Si el país necesita más pie de fuerza, que se diga cuántos soldados faltan. Si se requiere una reserva entrenada, que se explique con qué modelo. Si el problema es la defensa territorial, que se indiquen las amenazas concretas. Si el Ejército necesita fortalecerse, que se hable de presupuesto, entrenamiento, salarios, tecnología, inteligencia, bienestar, controles y carrera militar. Pero no basta con decir “todos” y esperar que el aplauso reemplace los argumentos.

La literatura comparada tampoco permite defender tan fácilmente la idea de que el servicio militar obligatorio sea una especie de fábrica de mejores ciudadanos. Hay estudios económicos que muestran que la conscripción puede ocultar costos reales: el Estado parece gastar menos, pero el joven paga con tiempo, salario perdido, interrupción educativa y aplazamiento de su vida. Hay investigaciones que han puesto en duda que el servicio obligatorio mejore de manera significativa las trayectorias laborales. Y también hay estudios que cuestionan la creencia de que el cuartel reduce la delincuencia o “endereza” automáticamente a los jóvenes.

Por supuesto, habrá historias individuales distintas. Habrá jóvenes que encontraron en la vida militar una oportunidad, un ingreso, una carrera, una forma de disciplina o un proyecto de vida. Eso merece respeto.

Lo digo también desde una experiencia personal. Recién terminado el bachillerato, mientras me preparaba para unas olimpiadas de Física, con la posibilidad de representar a Colombia fuera del país, terminé en una fila de incorporación militar. No tuve suerte en el sorteo. Ese primer día, mi madre me miraba desde afuera. Me llamó, salí de la fila y, al volver, un hombre cuyo rango nunca supe me increpó con una palabrota. Yo, que había sido buen estudiante y casi nunca levantaba la voz, le respondí con otra. En ese instante entendí que no era solo una fila: era la sensación de que mi futuro podía cambiar de rumbo en cuestión de horas. Finalmente, no presté el servicio; al parecer, una gestión relacionada con esas olimpiadas abrió una salida que otros muchachos quizá no tenían. Pero nunca olvidé esa fragilidad.

Pero una experiencia individual, positiva o negativa, no convierte automáticamente una obligación general en buena o mala política pública. Que a algunos les haya servido no significa que deba imponerse a todos. Que a otros les haya asustado no basta, por sí solo, para negar cualquier necesidad de defensa. Y que el país necesite soldados no significa que deba tratar a su juventud como materia prima disponible para el uniforme.

La pregunta sigue siendo institucional: qué necesita realmente el país, bajo qué reglas, con qué garantías y sobre quiénes recaerá la carga.

El argumento más serio a favor de la conscripción no es moral, sino estratégico. Algunos países la mantienen porque enfrentan amenazas externas graves o porque necesitan grandes reservas para defensa territorial. En esos casos, el debate es distinto: no se dice que el servicio militar existe para corregir muchachos, sino para proteger la existencia misma del Estado. Aun así, incluso allí se discuten límites, condiciones, igualdad, objeción de conciencia y proporcionalidad.

Colombia tendría que preguntarse si está en ese escenario o si, más bien, sus problemas de seguridad requieren otro tipo de respuestas: Fuerza Pública profesional, mejor pagada, mejor equipada, mejor controlada; inteligencia eficaz; justicia que funcione; presencia estatal integral; oportunidades en los territorios; y una reserva bien diseñada, no una leva emocional nacida del miedo.

El riesgo de estas frases es que suenan igualitarias, pero pueden terminar siendo profundamente desiguales. “Todos” parece una palabra democrática. Sin embargo, en sociedades desiguales, las obligaciones generales rara vez caen con el mismo peso sobre todos los cuerpos. Unos tienen cómo aplazar. Otros tienen cómo estudiar. Otros tienen cómo pagar. Otros tienen asesoría, certificados, contactos, abogados, diagnósticos, rutas de escape. Y otros solo tienen la fila.

Por eso la pregunta no es caprichosa. Antes de exigir botas, el Estado debe poner argumentos sobre la mesa. ¿Cuál es la necesidad militar concreta? ¿Por qué no bastan soldados profesionales, mejor remunerados y mejor entrenados? ¿Qué pasará con quienes objetan conciencia? ¿Qué ocurrirá con las alternativas civiles? ¿Cómo se impedirá que la carga recaiga, otra vez, sobre los mismos?

No se trata de despreciar al Ejército ni a quienes han servido. Todo lo contrario. Precisamente porque el servicio militar compromete vidas reales, no debería usarse como recurso fácil de campaña. El uniforme no es una metáfora. La guerra no es una figura retórica. Y el cuerpo de los jóvenes no puede ser convertido en escenario de demostración política.

La firmeza de un país no se mide por la facilidad con que promete uniformes, sino por la seriedad con que explica quién pone el cuerpo, bajo qué reglas, con qué garantías y por qué razón.

Tal vez Pedrito entendió mal. Tal vez escuchó una frase demasiado grande para su edad. Pero su miedo reveló algo que muchos adultos prefieren no mirar: cuando un político dice que “todos” deben pagar, no todos imaginan el mismo recibo.

Por eso conviene preguntar antes de aplaudir.

¿Todos quiénes?

Y, sobre todo, ¿quiénes terminan pagando cuando la patria pasa la cuenta?