¿Sabía usted, querido lector, que en Francia el pan francés no se llama pan francés? Bueno, realmente se llama baguette. Así que cuando uno llega a París no tiene mucho sentido pedir un pan francés, porque, entre otras cosas, está en Francia. Parece una obviedad, pero a veces las obviedades son las que más trabajo nos cuestan.

Francia es mucho más que su gastronomía, los Juegos Olímpicos de hace un par de años o la torre que medio mundo visita, fotografía y sube a Instagram. También es el país que nos regaló, entre otras cosas, esa discusión que todavía tenemos por estos lados y que parece no terminar nunca: la izquierda y la derecha.

Corría el año del Señor de 1789. En plena Revolución francesa, mientras unos defendían los privilegios de siempre y otros querían cambiar el orden de las cosas, los representantes de la Asamblea Nacional empezaron a ubicarse a un lado u otro del salón según sus posiciones frente al poder del rey y los cambios que debía tener el Estado. Los partidarios de conservar buena parte del orden existente se sentaban a la derecha; los que impulsaban transformaciones, a la izquierda. Y así, sin necesidad de encuestas, algoritmos ni asesores de imagen, terminamos bautizando dos orillas de la política que todavía hoy nos sirven para discutir, pelearnos y, de vez en cuando, entendernos.

Después vino la toma de la Bastilla, la caída de la monarquía y una revolución que, además de cortar algunas cabezas —literalmente, querido lector—, puso sobre la mesa tres palabras que terminaron dando la vuelta al mundo: libertad, igualdad y fraternidad. Bonita consigna. El asunto es que una cosa es escribirla en una bandera y otra muy distinta conseguir que se convierta en realidad.

Porque si algo nos ha enseñado la historia es que las revoluciones no terminan cuando cae un rey, ni las desigualdades desaparecen porque alguien pronuncie un buen discurso. A veces cambian los nombres, los símbolos y los que se sientan en los palacios, pero los problemas siguen ahí, esperando a que alguien se ocupe de ellos.

Y mire usted, querido lector, que Francia, esa misma Francia que nos exportó buena parte de su vocabulario político, lleva varias semanas con protestas que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno.

Desde septiembre, estudiantes franceses salen a las calles para denunciar las condiciones de sus centros educativos, la falta de profesores, el deterioro de la infraestructura escolar y las dificultades que encuentran para acceder a la educación superior. A esas reclamaciones se suman otras que seguramente nos resultan familiares: el aumento del costo de la vida, el precio de los combustibles, la pérdida de capacidad adquisitiva y la sensación de que cada vez alcanza para menos.

El sábado 17 de octubre, las movilizaciones crecieron y reunieron a estudiantes, trabajadores, sindicatos y ciudadanos inconformes con la situación económica. Las cifras de participación varían según las fuentes, pero las autoridades han reportado cientos de miles de manifestantes en distintas ciudades. También se han registrado enfrentamientos, incendios, saqueos y daños a establecimientos comerciales. Para el lunes, las autoridades informaban de unas 2.400 detenciones y el Gobierno promovía restricciones nocturnas localizadas para contener los disturbios.

La respuesta oficial ha estado acompañada de un discurso sobre el orden público y la actuación de grupos violentos. Y claro, los daños a establecimientos y los ataques contra personas no se pueden justificar porque haya una causa social detrás. Pero tampoco podemos cometer el error de creer que, porque hay violencia en una protesta, las razones que llevaron a la gente a la calle desaparecen como por arte de magia.

Ahí está precisamente el asunto.

Los estudiantes no salen a protestar porque un día se levantan con ganas de conocer los gases lacrimógenos. Salen porque consideran que las condiciones de su educación son deficientes. Los trabajadores no se movilizan porque tengan demasiado dinero en el bolsillo y quieran pasar la tarde en una marcha. Salen porque sienten que sus ingresos no alcanzan. Y cuando a esas inconformidades se suman los precios de los combustibles, los servicios públicos y las dificultades para llegar a fin de mes, la protesta deja de ser un asunto exclusivamente estudiantil y empieza a convertirse en una discusión sobre el modelo de sociedad.

No es que todos los manifestantes piensen lo mismo, ni que todas sus reclamaciones tengan idéntica legitimidad. Es que hay problemas que, cuando no se atienden a tiempo, terminan encontrándose en la calle.

Ahora bien, querido lector, si por allá llueve, por acá no escampa.

Mientras Francia discute sobre el costo de la vida, la educación pública y el uso de la fuerza para controlar las movilizaciones, en Colombia tenemos nuestro propio berenjenal. El fin de semana pasado, las inmediaciones del Museo Nacional de Colombia se convirtieron en escenario de una protesta que terminó con la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, la vieja discusión sobre el Esmad y una nueva controversia sobre los límites del derecho a la protesta.

¿Y por qué estaban protestando? Pues resulta que el retiro de más de treinta piezas de la exposición del Museo Nacional, por decisión del Gobierno y bajo el argumento de evitar el adoctrinamiento cultural, abrió una discusión que va mucho más allá de las paredes de un museo.

Entre las piezas retiradas hay obras y objetos relacionados con la diversidad sexual, el feminismo, la memoria del conflicto armado y distintos episodios de la historia política colombiana. Para quienes cuestionan la decisión, el problema no consiste solamente en que unas obras dejen de estar expuestas. Lo que está en discusión es quién decide qué puede contar el país sobre sí mismo, cuáles memorias merecen ocupar un espacio público y cuáles terminan guardadas en una bodega porque incomodan a quienes gobiernan.

Y aquí sí vale la pena detenerse un momento.

Un museo nacional no es la sala de la casa del presidente de turno. Tampoco es una colección de objetos decorativos que el Gobierno puede reorganizar a su antojo para que la historia combine con los colores de su proyecto político. Es una institución pública que tiene responsabilidades con la memoria, el patrimonio y la diversidad de experiencias que conforman una sociedad. Por supuesto que sus exposiciones pueden discutirse, cuestionarse y revisarse. Faltaba más. Pero una cosa es debatir el contenido de una exposición y otra muy distinta es utilizar el poder para imponer una versión única de la historia.

La protesta frente al Museo comenzó como una expresión de rechazo a esa decisión y terminó en enfrentamientos con la fuerza pública después de varias horas de movilización y de intentos de diálogo para despejar la vía. La existencia de bloqueos y de hechos violentos merece examinarse con seriedad. Pero, de nuevo, la pregunta no puede reducirse a quién lanzó qué objeto o a quién le tocó respirar gases en la carrera Séptima. También hay que preguntarse por qué una decisión sobre el patrimonio público terminó convirtiéndose en un conflicto en el espacio público.

Y es aquí donde las historias de Francia y Colombia empiezan a parecerse, aunque no sean iguales.

En Francia, el malestar se expresa alrededor de las condiciones materiales de vida, la educación y el costo de los combustibles. En Colombia, además de las demandas sociales que siguen pendientes, tenemos una discusión sobre la memoria, la representación y el lugar que deben ocupar las voces incómodas en las instituciones públicas. Son conflictos distintos, con historias y contextos diferentes, pero ambos ponen sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿qué hace el poder cuando la ciudadanía expresa su desacuerdo?

Porque una democracia no se mide únicamente por la capacidad de organizar elecciones, ni por la cantidad de veces que un presidente invoca al pueblo en sus discursos. También se mide por su capacidad de escuchar a quienes no están de acuerdo, garantizar que puedan expresarse y responder a sus reclamaciones sin convertir la diferencia en una amenaza.

Y no, querido lector, esto no significa que todo lo que se haga en nombre de la protesta esté bien. La protesta no concede patente de corso. Agredir a otra persona, destruir bienes o poner en riesgo a quienes nada tienen que ver con una movilización no se vuelve aceptable por llevar una pancarta con una causa justa. Pero tampoco puede ser que el primer vidrio roto se convierta en la excusa perfecta para dejar de hablar de las razones que llevaron a la gente a la calle.

Hay algo más que me llama la atención. En Francia, como en Colombia, buena parte de la discusión pública termina concentrándose en las imágenes de los enfrentamientos, los daños materiales y los operativos policiales. Todo eso merece ser contado, por supuesto. El problema aparece cuando las imágenes del caos ocupan todo el espacio y las demandas que originaron la protesta quedan relegadas a un segundo plano. El ciudadano termina enterándose de que hubo disturbios, pero no necesariamente de por qué comenzaron.

Y ahí los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme. No se trata de ocultar la violencia, ni de romantizar a los manifestantes, ni de convertir cada protesta en una gesta heroica. Se trata de contar la historia completa. Quiénes protestan, qué reclaman, qué responde el Gobierno, qué pasó antes de la intervención policial y qué alternativas existen para resolver el conflicto. Lo otro es informar a medias, que a veces es una manera bastante eficaz de desinformar.

Tampoco podemos perder de vista una paradoja: los gobiernos suelen defender la protesta cuando quienes salen a la calle comparten sus causas y empiezan a incomodarse cuando los manifestantes cuestionan sus propias decisiones. En ese momento, el derecho fundamental se convierte en un problema de movilidad, la indignación ciudadana pasa a ser un asunto de seguridad y el debate sobre el fondo queda aplazado hasta nuevo aviso.

¿Les suena conocido?

La izquierda y la derecha nacieron como categorías para distinguir posiciones frente al poder y al orden existente. Con el tiempo, sin embargo, parecen haberse convertido en una especie de camiseta que algunos se ponen para defender todo lo que hace su equipo y cuestionar todo lo que hace el contrario. Si protesta el adversario, es una amenaza; si protesta el aliado, es una expresión legítima del pueblo. Si el otro Gobierno interviene una manifestación, es autoritarismo; si lo hace el propio, es necesario restablecer el orden.

Así cualquiera, querido lector. Lo difícil es sostener los principios cuando dejan de servirnos para ganar una discusión.

La libertad no puede depender de quién gobierna. La igualdad no puede ser un discurso para las campañas. Y la fraternidad, que tanta falta nos hace, no puede consistir en exigirle al otro que se calle para que todos vivamos en armonía.

Francia tiene por delante el reto de responder a unas demandas sociales que no se resuelven solamente con policías en las calles. Colombia tiene el suyo: entender que la memoria histórica, el derecho a la protesta y la pluralidad no son concesiones del gobernante de turno, sino parte de las condiciones que hacen posible la vida democrática.

Al final, querido lector, tal vez el problema no sea que por allá llueva y por acá no escampe. El problema es que seguimos creyendo que basta con cambiar a quienes ocupan el poder para que cambie nuestra manera de ejercerlo.

Y resulta que no.

Porque la verdadera prueba de la democracia no está en cómo tratamos a quienes nos aplauden, sino en lo que hacemos cuando alguien sale a la calle a decirnos que estamos equivocados.

Fuera de la columna…

La libertad, la igualdad y la fraternidad siguen siendo una promesa pendiente. Y no hay torre, baguette ni discurso presidencial que alcance para disimularlo.

Y más cuando no sabemos en qué se gastan la plática de las donaciones para las víctimas del terremoto de hace dos meses.