Nos acostumbraron a hablar del cambio climático como si fuera una especie de fiebre misteriosa del planeta. Como si la Tierra se hubiera enfermado sola, sin responsables, sin beneficiarios y sin decisiones políticas detrás. Esa manera de contar la crisis climática es cómoda, pero profundamente falsa.
El planeta no se calienta solo. Lo calientan decisiones humanas, intereses económicos y modelos de desarrollo que todavía insisten en llamar progreso a lo que, en muchos casos, es destrucción organizada.
Lo calientan los gobiernos cuando amplían la explotación de carbón, petróleo y gas sabiendo perfectamente sus consecuencias. Lo calientan las empresas cuando tratan la atmósfera como un basurero gratuito. Lo calientan los sistemas económicos que privatizan las ganancias y reparten los daños entre trabajadores, comunidades vulnerables y generaciones que todavía no han nacido.
Por eso, la crisis climática no es solo ambiental. Es económica, social, ética y política. También es una crisis de poder: de quién decide, quién gana, quién paga y quién queda condenado a soportar las consecuencias. No basta con preguntar cuántas toneladas de dióxido de carbono produce una política. Hay que preguntar algo más incómodo: ¿quién se enriquece con ella?, ¿quién enferma?, ¿quién pierde su territorio?, ¿qué comunidades son sacrificadas?, ¿qué instituciones se debilitan? y ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo mientras repetimos la palabra desarrollo?
Desde una idea de desarrollo sostenible armónico, ninguna dimensión puede mirarse por separado. No hay sostenibilidad ambiental con desigualdad extrema. No hay crecimiento económico sostenible si destruye capacidades humanas. No hay justicia social sin instituciones transparentes. Y no hay gobernanza legítima cuando las decisiones públicas quedan subordinadas al poder corporativo, al rentismo o al cálculo electoral.
Hay países que contaminan y se avergüenzan un poco. Estados Unidos no es uno de ellos y, en sus versiones más desinhibidas, ha encontrado la manera de presentar la contaminación como una forma de libertad. Desmontar regulaciones ambientales, ampliar hidrocarburos o debilitar instituciones climáticas no se vende allí como rendición ante el lobby petrolero, sino como defensa de la economía, la soberanía energética y el derecho de las empresas a no ser molestadas por el Estado. El derecho de las empresas a contaminar se presenta como libertad.
Y los daños, como casi todo lo malo, tampoco se distribuyen por igual. Quienes tienen más ingresos pueden mudarse lejos de las zonas contaminadas, asegurar sus propiedades o instalar sistemas de climatización que les permitan ignorar el problema. Las comunidades pobres, en cambio, no tienen esa posibilidad. El cambio climático tiene clase social, aunque eso incomode a quienes prefieren hablar de él como si fuera una tragedia igualitaria.
Por su parte, la Unión Europea tiene los compromisos climáticos más ambiciosos del mundo desarrollado y también la habilidad de flexibilizarlos justo cuando empiezan a molestar a las grandes empresas. El mecanismo suele activarse con una palabra mágica: simplificación. Pero, ¿ simplificación para quién? Para una empresa, menos obligaciones de reporte significa menos costos administrativos. Para una comunidad afectada, significa menos información sobre contaminación, condiciones laborales, deforestación o vulneraciones de derechos en algún eslabón lejano de la cadena. La transparencia no es burocracia inútil, es democracia económica.
Europa no ha abandonado su política climática. Pero corre el riesgo de convertirla en una transición diseñada a la medida del capital. El capitalismo verde tiene ese límite preciso: acepta la sostenibilidad mientras no toque demasiado la rentabilidad.
Ahora bien, la discusión sobre transición energética cambia radicalmente cuando se mira desde el Sur Global. Los países en desarrollo no tienen la misma responsabilidad histórica que las economías industrializadas, las cuales ahora pretenden, con frecuencia, imponer límites climáticos a quienes todavía no han alcanzado niveles básicos de bienestar. Eso tiene un nombre técnico que los organismos internacionales prefieren evitar: colonialismo climático.
Una parte considerable de la población del Sur Global todavía necesita acceso seguro a electricidad, agua potable, refrigeración, vivienda digna, transporte y salud. Exigirles que renuncien de inmediato a toda fuente fósil mientras las élites del Norte mantienen patrones de consumo intensivos en carbono no es justicia climática. Es hipocresía con subtítulos en inglés y logo de conferencia internacional.
La verdadera justicia climática no consiste en obligar a los pobres a permanecer pobres para salvar un planeta deteriorado por los ricos. Consiste en garantizar que todos los pueblos puedan mejorar sus condiciones de vida sin repetir el modelo de desarrollo que concentró la riqueza, destruyó ecosistemas y convirtió la atmósfera en un vertedero gratuito. De cualquier otra manera, corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de desigualdad: los países ricos descarbonizan su consumo mientras trasladan la extracción de minerales, la contaminación industrial y la destrucción territorial hacia los más pobres. Otra vez, como en un bucle infinito.
El Sur Global no necesita menos desarrollo, necesita otro desarrollo: más justo, más limpio, más soberano y capaz de ampliar las libertades humanas sin destruir las bases naturales que sostienen la vida.
La pregunta verdadera no es si una política es verde, privada, pública, conservadora, neoliberal o progresista. La pregunta es si amplía capacidades humanas, reduce desigualdades, respeta límites ecológicos, distribuye justamente los beneficios y permite que las comunidades participen en las decisiones que afectan sus territorios. Eso no cabe en un eslogan de cumbre climática, pero es lo único que distingue una transición real de una transición de relaciones públicas.
El verdadero desarrollo sostenible armónico consiste en reconocer una jerarquía ética elemental: la economía debe estar al servicio de la vida. El crecimiento no puede ser un fin en sí mismo. La libertad empresarial no incluye el derecho a trasladar daños a otros y ninguna ganancia presente puede considerarse legítima si destruye las posibilidades de quienes vivirán mañana.
El planeta no se calienta solo. Lo calientan decisiones políticas adoptadas en nombre del crecimiento, la competitividad y la seguridad energética. Y si las decisiones humanas produjeron esta crisis, también pueden producir una salida. Pero esa salida no vendrá de pintar de verde el mismo modelo económico que generó el problema. Exigirá cambiar quién decide, quién posee, quién gana y quién paga. Ese es el debate que importa. Y también, curiosamente, el que más se evita.